Febrero, 1989: Caracazo
La última vez que los militares intervinieron en una manifestación civil en Venezuela
Fotos: noticias24.com, taringa.net, runrun.es y talcualdigital.com
La autorización de armas mortales
para la represión de las manifestaciones en Venezuela, emitida oficialmente por
el Ministerio de la Defensa del país caribeño a través de la resolución 008610,
se suma a la lista de imposiciones anticonstitucionales que criminalizan la disidencia
y coartan los derechos fundamentales más básicos: la libertad de expresión, el
derecho a manifestación y la prohibición del uso del ejército en el control de
manifestaciones civiles.
Esta última medida fue ordenada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el fatídico episodio del
Caracazo, ocurrido entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989, cuyo sangriento resultado fue ampliamente repudiado
por gran parte de la población, incluidos los hoy maduristas.
Es importante resaltar que la
resolución 008610 aparece a pesar de ser contraria al artículo 68 de la
Constitución venezolana, la cual prohíbe “el uso de armas y sustancias tóxicas
en el control de manifestaciones pacíficas”, y deja a discreción de los
efectivos militares apelar a la “fuerza potencialmente mortal” en caso de la
creación de una “situación de riesgo mortal” no expresamente definida; todo ello en medio de
la peor crisis económica y social que han atravesado los venezolanos en su historia
democrática.
Resulta también sospechosa la cercanía con el aniversario de las protestas más brutalmente reprimidas, encabezadas por los movimientos estudiantiles el 12 de febrero de 2014. Como consecuencia de ellas, unas 40 personas fueron asesinadas y hubo más de 1.600 detenciones arbitrarias (51 de ellas aún siguen detenidas).
La sensación que queda, al final, es que no solo los alimentos y las medicinas escasean en Venezuela. Parece que los derechos fundamentales, desde hace algún tiempo, también.
